Familiares del cabo Roberto Lucena, asesinado por delincuentes en "El Sifón" hace seis días, estuvieron esta mañana en la Legislatura, donde les comunicaron la decisión del cuerpo colegiado de asistir con un subsidio a los hijos del uniformado. Será la quinta vez en cuatro años que la Cámara provincial convalide en el recinto un aporte económico como consecuencia del homicidio de un policía.
"Él era el sostén de la casa", relató a la prensa Débora Díaz, tras la reunión con el vicegobernador Osvaldo Jaldo y con un grupo de legisladores. La viuda de Lucena, compungida, agradeció el acompañamiento que está recibiendo la familia. "Lo que nos está pasando es doloroso. No esperaba que nos ayuden como nos están ayudando. El vicegobernador nos transmitió tranquilidad, que lo que necesitemos para las chicas, van a estar presentes”, señaló.
Jaldo remarcó que la decisión de aprobar el proyecto, impulsado por el jefe del bloque oficialista Roque Álvarez, está en línea con lo efectuado por la Legislatura durante su gestión como vicegobernador, iniciada en 2015.
"Como hicimos en casos anteriores, decidimos invitar a la familia del cabo Lucena para acompañarla en el dolor, darle nuestras condolencias de manera personal y ponernos a disposición", explicó el oriundo de Trancas.
Por otro lado, destacó la figura del uniformado fallecido y repudió a los homicidas, que -según la investigación- son cuatro menores del lugar donde se perpetró el crimen.
"Estos asesinos han dejado a una esposa sin su marido, a criaturas sin su papá. Lo que han hecho es tremendo. Nosotros, como Legislatura, hemos ofrecido nuestro acompañamiento y nos hemos puesto a disposición para que la familia de Roberto tenga un beneficio económico, que regirá hasta que el menor de los hijos cumpla la mayoría de edad. Él era quien llevaba la economía de la casa. Hagamos lo que hagamos, nunca vamos a devolver a esa familia el esposo y el papá, pero con esta medida vamos a ayudar para que puedan acceder al estudio y a las posibilidades que tienen otros chicos en el día de hoy”, añadió Jaldo.
Años atrás, la Legislatura aprobó al menos cuatro leyes para asistir económicamente a la familia de policías ultimados por prestar servicio a la comunidad.
Los precedentes
La primera de ellas se sancionó en 2016 (Ley 8.846) para asistir a la familia del agente Juan José Vides, quien el 3 de febrero recibió el disparo en la frente durante una persecución. El uniformado, que integraba el servicio de 911, tenía 35 años, estaba casado y tenía dos hijos: una nena de 9 años y un bebé en camino.
Un año después, la Cámara sancionó un subsidio para asistir a parientes de José María Concha. El cabo se había tiroteado con al menos tres delincuentes que intentaron robarle, en Los Pocitos.
En 2018, en tanto, se aprobaron dos leyes en idéntico sentido: la 9.082 y 9.083 para asistir económicamente a las familias del sargento primero, Cristian Marcelo Peralta (37 años), y del cabo primero Sergio Vicente Páez González (44). Ambos uniformados formaban parte del 911 y fueron acribillados en el parque 9 de Julio. Máximo Alejandro Abraham está acusado de haber cometido ambos homicidios.